La travesía de San Rafael y la autopista AP-6 por Oscar de Diego
Muchas han sido las historias que han tenido lugar en nuestra población en torno a la autopista AP-6 (y más concretamente, el túnel de Guadarrama) y su vinculación directa con la travesía de San Rafael y el Puerto de los Leones, unas historias enfocadas en el pasado de forma positiva debido al trabajo que la autopista trajo a nuestra tierra, pero desde hace unas décadas de tinte más bien negativo debido a lo que DEBE DE SER y no es.
Y es que San Rafael ya no vive de la carretera nacional como antaño, por lo que la demanda de una descarga del inmenso tráfico que soportamos se ha convertido ya en una tremenda necesidad. Pero… ¿cómo realizar dicha descarga del tráfico? Para llegar a la respuesta hay que primero conocer qué ha ocurrido en torno a esta historia, que es muy nuestra.
El túnel de Guadarrama se abrió en 1963 y desde 1968 es explotado de forma ininterrumpida –junto con el resto de la AP-6– por la empresa Iberpistas (Abertis), a lo que hay que añadir la explotación de la AP-51 (ramal de Ávila) y la AP-61 (ramal de Segovia). Todo ello constituye un negocio que, como todos sabemos, hace montañas de dinero (sobre todo los fines de semana y festivos) al estar ubicado en uno de los tramos de comunicación más importantes de nuestro país, el cual une el noroeste de España con el resto de la península. Pero si bien dicha infraestructura es explotada por una empresa privada, debemos de tener muy en cuenta que la propiedad de la misma es estatal (“de todos”) y que, por tanto, dicha concesión tiene un límite en el tiempo, algo muy importante de cara a la travesía de San Rafael. ¿Qué quiere decir esto? Que un día la concesión llegará a su fin y la conservación y explotación de la autopista (túnel de Guadarrama incluido) deberá de revertir al Estado, pasando a ser una autovía y, por tanto, siendo GRATUITA. En consecuencia, si tenemos un túnel gratuito, no hace falta construir una variante para San Rafael, pues el túnel público se convertirá en la misma. Y dicha fecha no es (era) otra que el 29 de enero de 2018, mucho menos tiempo del que seguramente se tarde (si algún día llega) en construir una variante y, por supuesto, sin un incremento del impacto medioambiental.
Hasta aquí todo muy bonito: solo tendremos que esperar menos de tres años y el 30 de enero de 2018 ya podremos pasar por el túnel sin tener que pagar, liberando así a la travesía de San Rafael del tráfico que soporta y sin tener que construir una variante. Pero en 1997 comenzó un nuevo capítulo en esta historia que dejó en papel mojado lo hasta aquí escrito, haciendo honor a aquello de “quien hace la ley, hace la trampa”.
Y es que en 1997, cuando aún no existían ni la AP-51 y AP-61, ni el tercer túnel de Guadarrama, ni la circunvalación de Guadarrama, ni el cuarto carril entre Villalba y el túnel, el Ministerio de Fomento entabló conversaciones con Iberpistas para la construcción de todo lo anterior, llegando en 1999 al siguiente acuerdo: Iberpistas construiría todas esas infraestructuras a cambio de la prórroga de la explotación de la autopista (que concluía en 2018) un mínimo de 32 años y un máximo de 37 años más, es decir, hasta 2031 y 2036 respectivamente. Consecuencia: adiós a la oportunidad para San Rafael de poder descargar el tráfico por un túnel ya gratuito.
Pero para que dicho acuerdo pudiera llevarse a cabo y fuera Iberpistas y no otra empresa la que consiguiera la adjudicación de la obra (y por tanto la prórroga de la explotación de la autopista y el túnel), el Ministerio de Fomento (bajo la dirección entonces de Rafael Arias-Salgado) adjudicó sin publicitar las obras a Iberpistas mediante el RD 1724/1999. Dicha decisión fue llevada a los tribunales por diversos colectivos, llegando el procedimiento hasta los organismos de la Unión Europea. Así, entre 2001 y 2005 la Comisión Europea avisó hasta en cuatro ocasiones al Gobierno español de las irregularidades en la concesión de la obra y, finalmente, la Comisión llevó a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante las contestaciones insatisfactorias por parte del Gobierno. Por fin, y tras cinco años de espera, el 22 de abril de 2010 el TJUE dictaminó sentencia declarando que la concesión realizada a Iberpistas fue ilegal, ya que –resumiendo– vulneró directivas comunitarias sobre contratación pública [sentencia de la sala cuarta del TJUE de 22 de abril de 2010]. Es decir, que la adjudicación de las obras a Iberpistas, y con ello, la ampliación de la concesión de la autopista y del túnel más allá del año 2018 son ilegales, por lo que San Rafael debería de poder gozar de la mencionada descarga del tráfico a partir del 30 de enero de 2018. Pero mientras el TJUE tardaba cinco años en dictar sentencia, las obras cuya licitación fue declarada posteriormente ilegal, fueron realizadas. La famosa política de hechos consumados.
Pero para redondear la injusticia, el Gobierno decidió mediante el RD 525/2012 acatar por la puerta de atrás la sentencia del TSJUE. Mediante dicho decreto, en vez de volver al punto de partida y dejar la fecha del 29 de enero de 2018 como fin de la concesión de la autopista y su paso a ser de tránsito público, se acordó que la concesión continuara con las fechas establecidas en el ilegal acuerdo Fomento-Iberpistas de 1999, pero restándolas siete años. Es decir, la autopista y el túnel no serán públicos hasta una fecha aún no concretada, pero no más pronto que en torno al 2024.
Y así es como, mediante maniobras políticas declaradas ilegales por el TJUE, el túnel y toda la AP-6 no será de tránsito público como debería en 2018, sino en una fecha no determinada de un futuro muy lejano, provocando que San Rafael no pueda verse beneficiado del desvío del tráfico por un túnel gratuito que por derecho nos debería de corresponder.
Muchos vecinos, no sé si por desconocimiento de los acontecimientos hasta aquí narrados, piden la construcción de una variante, pero si miramos hacia Cabeza Reina y abrimos bien los ojos, nos daremos cuenta de que dicha variante ya está construida, y no es otra que la actual autopista, la cual debería de ser pública a partir de 2018 si no se hubiesen dado las ilegalidades y favoritismos político-empresariales hasta ahora narrados y del tipo que tanto protagonizan los telediarios en estos tiempos.
Pero aquí no acaba esta historia, pues a finales del año pasado el Ministerio de Fomento anunció que, para liberar de la carga de tráfico pesado a determinados tramos de las carreteras nacionales españolas (entre las que se encuentra la travesía de San Rafael), se otorgarían ayudas públicas a las autopistas para que a cambio se estableciera el paso de forma obligatoria de los camiones por éstas en vez de por los tramos señalados. En San Rafael la noticia se celebró con incredulidad. Pero el 24 de abril de 2015, Fomento dio marcha atrás y el término “obligatorio” desapareció, dejando de nuevo la situación como estaba, eso sí, sin dejar de dar las ayudas públicas a las autopistas.
Y después de todo lo narrado, seguiremos reclamando la construcción de una variante que ya existe, mientras los que nos prometen desde hace años que sí, que van a hacer todo lo posible por su construcción, se ríen en nuestra cara con lo hasta aquí narrado. Que cada uno saque sus propias conclusiones.
Óscar de Diego del Barrio