Entre las muchas virtudes que tiene la nieve, además de ser almacén de ese bien cada vez más escaso que es el agua, está la de producir, aunque sea sólo de forma temporal, un embellecimiento del paisaje, y muy especialmente de los pueblos, al uniformizar su aspecto y ocultar muchos de los defectos que han provocado las décadas de “feísmo urbanístico”, debido al urbanismo descontrolado, a su vez fuente de codicia y corrupción.
Sin embargo, las nevadas de estas últimas semanas han servido también para sacar a la luz varias cosas muy importantes: por un lado, la negligencia de Iberpistas/Abertis en la gestión de las autopistas de peaje AP-6, AP-61 y AP-51; por otro, la obligación de que el Estado pase a gestionar la AP-6 pues la única concesión legalmente vigente sobre esta autopista terminó el pasado 28 de enero; y, finalmente, como demostró la pésima actuación del Ayuntamiento de El Espinar ante las nevadas del 6 y 7 de enero, la ausencia de un Plan Integral del Riesgo o un Plan de Emergencias en este municipio.
El hecho de que, tanto con la nevada del 6 y 7 de enero pasado como con las dos siguientes, las autopistas de peaje AP-6 (y sus ramales AP-61 y AP-51) se colapsaran y tuvieran que ser cerradas durante un cierto tiempo, mientras que la N-VI siguió operativa todo el rato, nos da una idea de la incapacidad de la empresa concesionaria, denomínesela como Iberpistas, Castellana de Autopistas o Abertis (es el mismo perro con distinto collar), la cual se supone que tiene que tener garantizada la operatividad de la infraestructura en todo momento (esa es su obligación; además, para ello cobra un peaje).
¡Qué vergüenza para España y qué mala imagen para la “marca España” que hasta el New York Times diera la noticia de que los soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvieron que ir a rescatar a los miles de ciudadanos que se quedaron atrapados en sus vehículos durante horas y horas, pasando hambre y frío, en medio de la AP-6 por culpa del mal hacer de Iberpistas!
Este evento ha demostrado, entre otras cosas, que la gestión pública es mejor que la privada. Pero, además de eso, hay que recordar que la concesión sobre la AP-6 que se otorgó a Iberpistas en 1968, terminó ya el pasado 29 de enero, por lo que debe ser recuperada por el Estado y pasar a tener una gestión pública.
No hay ninguna otra concesión legalmente vigente en estos momentos sobre la AP-6. Esto es debido al hecho de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de abril de 2010 dictaminó la ilegalidad de la adjudicación otorgada en 1999 a Castellana de Autopistas (100% Iberpistas) para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51) por la que el Gobierno de Aznar de entonces pretendió prorrogar, fraudulentamente, entre 32 y 37 años más, la explotación de la AP-6 y los túneles de Guadarrama por parte de la concesionaria.
Esa histórica sentencia fue fruto de la denuncia que la Asociación Centaurea y el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) de Ávila presentaron conjuntamente en el año 2000 ante la Comisión Europea, lo que permitió destapar el chanchullo que fraguaron los gobiernos de José María Aznar para favorecer a esa empresa privada.
Pese a la contundencia de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ninguno de los sucesivos gobiernos españoles se ha preocupado de cumplirla de forma real y efectiva. Esta sentencia obligaba al Gobierno español, como mínimo, a volver a repetir la adjudicación de ese paquete de autopistas cumpliendo la normativa que en aquel momento se vulneró. Ha pasado el tiempo, ha terminado la concesión de 1968, y ha llegado el momento de que el actual ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, de cumplimiento a la sentencia y el Estado asuma la gestión directa de la AP-6.
En consecuencia, las autopistas AP-51 y la AP-61 están operando en una situación de alegalidad, pues la adjudicación de 1999 por la que éstas se otorgaron a Castellana de Autopistas es ilegal por sentencia del TJUE. Por ello, aunque el Estado debiera volver a licitarlas, lo lógico es que sean rescatadas por el Estado y se conviertan en autovías gratuitas.
Volviendo a los efectos de las nevadas, es necesario reflexionar sobre el hecho de que la gestión de las situaciones de riesgo y sus consecuencias sigue siendo una asignatura pendiente en la mayoría de nuestros entornos sociales, como, además de en el caso de Iberpistas y la AP-6, demostró la actuación del Ayuntamiento de El Espinar en esas fechas.
Varias causas condicionan esta situación. La primera, y quizá más peligrosa, es la falta de reconocimiento del problema o mejor dicho la escasa ponderación del mismo. Ello provoca la ausencia de una necesidad sentida en materia de conocimiento científico y de capacitación específica para asumir la responsabilidad de liderar y dirigir el planeamiento del riesgo.
Pues bien, el marasmo en que los vecinos del municipio de El Espinar se vieron envueltos en los días 6 y 7 (y siguientes) de enero, no es otra cosa que el reflejo de la ausencia de una visión integral del riesgo y, en consecuencia, sufrieron un impacto muy superior al que se hubiera producido de contar por parte de las diferentes administraciones implicadas, de un Plan Integral para la gestión del mismo.
De haber existido un Plan de Emergencias con su correspondiente mapa de riesgos y análisis de la vulnerabilidad, sin duda habrían estado reflejadas en él las dos amenazas que provocaron esa crisis. Una, de origen natural determinada por la climatología propia del entorno, conocida y de no infrecuente aparición en nuestro entorno, con mayor o menor intensidad, y por lo tanto con mayor o menor impacto. Otra, de origen antropogénico, como es el trazado de una autopista de rango nacional por su territorio con alrededor de 30.000 vehículos diarios a lo que se suma el trascurso de una carretera nacional (N-VI) por la calle principal del núcleo de San Rafael, con un tráfico aproximado de 11.000 vehículos diarios.
Definidos pues, los riesgos, las poblaciones y la vulnerabilidad de ambos escenarios, nos encontramos con un estrepitoso desastre en ambos sin que en modo alguno fueran concurrentes ni consecuentes. El atrapamiento de los automovilistas en la AP-6 y el atrapamiento de los vecinos de El Espinar son dos desastres distintos provocados por el mismo riesgo, pero que coinciden en los errores en el modelo de la Gestión Integral del Riesgo (GIR).
En lo concerniente de manera específica a los vecinos de El Espinar, la prevención fue inexistente (vale con decir que en la sierra de Segovia nieva y punto) y la reacción fue absolutamente deficiente. La nevada, tal y como estaba previsto, alcanzó los 30 centímetros de altura a las 9 de la noche del 6 de enero, llegando a 60 centímetros en la madrugada, cubriendo todo el término de El Espinar y siendo especialmente intensa por encima de la cota de los 1.250 m. de altitud, detalle que, como muchos otros, nadie entró a valorar en ningún momento.
Ello significó el atrapamiento de gran parte de la población de San Rafael, La Estación y Los Ángeles de San Rafael en sus casas durante un periodo de tiempo comprendido entre la madrugada del día 7 de enero y la mañana del día 10. El atrapamiento era completo para gran parte de los mismos ya que los 50 centímetros de nieve blanda hacían imposible salir siquiera a pie de sus viviendas.
No se produjo ni antes ni durante la crisis información alguna de parte municipal. El día 7 de enero no se habilitó ningún teléfono en el Ayuntamiento de tal manera que las llamadas eran respondidas por un contestador que redirigía a los vecinos a teléfonos mudos. Las llamadas a la Policía Municipal tenían un índice de fracaso notable y cuando se conseguía conectar para explicarles la situación, la respuesta oficial era siempre la misma: “Hay mucha gente así, tomamos nota y la pasamos”. No consta que el municipio repartiese sal por los viarios así como tampoco se emitió ningún comunicado relativo a la disponibilidad de la misma.
Con respecto a los medios dispuestos algunos vecinos fueron informados de que se había estropeado una quitanieves el viernes día 5. Al parecer nadie consideró la posibilidad de alquilar una máquina mediante el procedimiento de urgencia en razón de una previsión de nevada con alerta naranja anunciada con mucha antelación por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Pareciese que el hecho de quedar atrapado en su casa no fuera considerado una situación de riesgo. Niños, enfermos, ancianos, dependientes, etc., quedaron expuestos durante horas a la incertidumbre de lo que pudiera suceder. La gestión del riesgo aconseja liberar en primer lugar a los que se encuentran más lejos y con peor acceso a los servicios básicos, especialmente servicios sanitarios, farmacia y alimentación. La práctica, ahora y siempre, de los responsables municipales es siempre la inversa. Aquellos que viven en las cotas más altas, con menores temperaturas y con peor acceso a pie a los servicios, son los últimos en ser rescatados.
En la época de la comunicación y de las redes sociales, la información suministrada por el Ayuntamiento en Facebook o Twitter solo se puede calificar de ramplona. Ningún consejo, salvo el de permanecer en casa y no utilizar el coche (ambos innecesarios para mucha gente que ni podía mover el coche ni salir de casa). Ninguna instrucción para enfermos, pacientes con consultas pendientes, niños, necesidades especiales, etc. Ningún número especial al que llamar a excepción del más que saturado de la Policía Municipal. Ninguna, y decimos ninguna, comunicación en la página de Protección Civil.
Animamos a los responsables municipales a avanzar hacia un municipio seguro con la elaboración del correspondiente Plan de Emergencias de acuerdo a los criterios de la Norma Básica de Protección Civil de 24 de Abril de 1992 y con la asunción de que los riesgos soportados en otros tiempos, no justifican los riesgos actuales.
El Espinar, 4 de febrero de 2018